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La delgada línea roja

Inmaculada Tazo, Delegada en Álava de la Coord. de ONGD; Carmen Trueba, Psicóloga de la Asociación de Epilepsia; Susana Cuesta, Gerente de Afades; Sandra Ibarrondo, Trabajadora social de Atece; Miguel Ángel Ruiz, Presidente de la Comisión Antisida, Fede García, Portavoz de SOS Racismo HAY determinados campos que en política no venden. La palabra recortes es una de ellas. Entra en el universo que un buen asesor de comunicación intentará no incluir en el discurso de su patrocinado. Pero cuando éstos se hacen inevitables y la crisis se convierte en evidente, todavía queda por evitar algunas áreas que se definen como intocables. Hasta que, como todo, dejan de serlo. En una economía de guerra, la famosa y vetada línea roja del gasto social se difumina y llega a pasar factura a los políticos que prometieron no traspasar esa frontera. Así ha sucedido en Álava, donde después de que los responsables de Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento blindaran hipotéticamente este área, los respectivos presupuestos no han plasmado en hechos las palabras. Así lo afirma, al menos, el entramado social que responde y confirma que el discurso de las administraciones no se responde con la realidad y que los más necesitados serán, al final, los más perjudicados. Y es que muchas asociaciones se han visto tocadas, que no hundidas, por la tijera aplicada. Reajustes en los convenios, eliminación de líneas forales de subvención para inmigrantes o reducciones municipales del 90% en materia de cooperación al desarrollo son sólo algunos ejemplos. Los colectivos cuentan la realidad con hechos, no con palabras. Como la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi que afirma que “el panorama es especialmente alarmante en Álava, ya que es donde las instituciones están llevando a cabo más recortes en cooperación”, asegura Inmaculada Tazo, delegada en Álava de la organización, que detalla que el Consistorio ha reducido la dotación a cooperación de dos millones y medio a 386.000 euros, la Diputación de 2.335.436 a 1.637.195, mientras que el Gobierno Vasco dedica a este aspecto un 0,49% de su Presupuesto total, dos décimas por debajo de lo establecido por la Ley Vasca de Cooperación de 2007. DESAPARECIDOS Esto ha obligado a recortes en la mayoría de las asociaciones, que están viendo cómo los apoyos han ido cayendo en los últimos ejercicios. La Comisión Antisida, por ejemplo, no podrá realizar la prevención con inmigrantes, ni con gays y los seropositivos sin recursos económicos no tendrán manera de pagar sus medicamentos. La asociación de familiares cuidadores de personas mayores dependientes de Álava, Ascudean, ha tenido que reducir la plantilla en dos personas y ve que este año tendrá que ofertar menos recursos. Por su parte, la Comisión de ayuda al refugiado, CEAR, en Euskadi no podrá ofertar las actividades de promoción de la convivencia, además de la desaparición del servicio jurídico de ayuda al inmigrante como tal que venía ofreciendo. Y, además, la Coordinadora de ONG de Desarrollo se verá obligada a dejar de apoyar a muchos proyectos de cooperación en países del sur. “Por tanto, muchas personas que estaban teniendo una oportunidad en educación, salud, fomento de infraestructuras, equidad de género… Ya no van a tenerla”, afirma Inmaculada Tazo. Otras como el colectivo de Daño Cerebral Adquirido, Atece, de momento sólo han tenido que ajustar el programa de ocio y tiempo libre y cruzan los dedos para que se mantengan los convenios que mantienen con las administraciones, mientras que la asociación de familiares de personas con Alzheimer, Afades, todavía no ha dejado de ofrecer ningún servicio, pero asumen que probablemente tendrá que dejar de ofertar alguna actividad si la tendencia continúa en esta línea. La solución pasa, evidentemente, por reinventarse y algunos ya piensan en diferentes fórmulas para afrontar lo que queda por venir. “Creo que se tiende al copago de los servicios y programas. Se tendrán que tomar medidas tales como que los servicios no sean gratuitos, subida de cuotas de afiliación…”, sopesa la gerente de Afades, Susana Cuesta. Otros, como la Asociación Alavesa de Epilepsia, AAE, ya busca la colaboración de entidades privadas como los laboratorios y las obras sociales de las entidades bancarias. “Pero todos cuentan la misma historia. Aunque somos conscientes de la situación, pensamos que jamás se pueden hacer recortes en los servicios sociales y humanitarios”, asegura Carmen Trueba, psicóloga de la organización. Por todo esto, piden a las instituciones que recapaciten y cumplan con sus discursos para no generar situaciones límite. “Que no alimenten el discurso de la intolerancia. Nos encontramos con que el obrero le echa la culpa de su situación al obrero extranjero, el que está mal le echa la culpa al que está peor que él, el pobre al más pobre… En vez de defender la solidaridad en un momento duro para todos. En Álava todos los programas en los que aparezca inmigración o personas extranjeras se han eliminado o recortado al límite”, indica Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Comisión Antisida. DECISIONES PELIGROSOS Y es que algunos ya piensan que se está creando un peligroso caldo de cultivo que favorece la segregación con la especial incidencia de los recortes en medidas de integración y ayuda a los extranjeros. “Se traspasa lo que haga falta. Lo primero que tienen que decir es si consideran que los inmigrantes son ciudadanos de pleno derecho porque si no, que directamente hagan guetos a la entrada de Vitoria”, invita Fede García, portavoz de SOS Racismo. Además, el entramado social recuerda que los servicios que prestan son por y para los ciudadanos. “Que recorten de donde realmente hay que recortar y no de servicios a personas, seas quienes sean esas personas y de donde sean”, afirma la trabajadora social de Atece, Sandra Ibarrondo. Así también lo ven desde CEAR en Álava. “Estamos absolutamente disconformes con que siempre afecten a las personas más pobres. Hay que optimizar los recursos cuando son escasos”, entiende Patricia Bárcena. Además, recuerdan que sirven de red para todos los que no encuentran un espacio en las administraciones porque allí no responden a sus necesidades o porque simplemente los tiempos de espera son muy largos en casos de extrema necesidad. “Las asociaciones llenan un vacío que la administración no puede cubrir en la mayoría de los casos, por lo menos en lo que respecta al colectivo de familias cuidadores y mayores dependientes que viven en el domicilio”, recuerda la coordinadora de programas sociosanitarios y trabajadora social de Ascudean, Mar Resa. Y es que la aplicación de la tijera ha llevado a la desaparición de servicios como el de atención jurídica de Norabide, colectivos como Erdu, la eliminación del Departamento de Salud y Consumo del Ayuntamiento o subvenciones para talleres de empleo y formación a profesionales de Lanbide. Porque mientras que la línea roja del gasto social se hace cada vez más fina, el futuro del entramado social alavés se difumina. “Es una situación complicada. La sociedad tiene que demostrar que estamos por encima de la política a través de la solidaridad. Habrá que hacer una reivindicación de las personas para que las instituciones asuman su responsabilidad. Mientras, hay que apoyarse y salir adelante con la convicción de que lo que se hace es lo mejor. debemos tener un atisbo de esperanza”, resume Patricia Bárcena, directora de CEAR. Unas reivindicaciones que pretenden no caer en saco roto y engrosar la línea roja con hechos y no palabras.

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